Chacao, estado Miranda.- En el marco de las políticas públicas de vivienda y organización comunitaria, el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (MINHVI) impulsa la conformación y fortalecimiento de los Comités Multifamiliares de Gestión (CMG), instancias diseñadas para garantizar la administración eficiente, el mantenimiento oportuno y la convivencia armónica en los complejos habitacionales multifamiliares otorgados a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
Los CMG representan el núcleo de la organización ciudadana dentro de las edificaciones y constituyen una figura de autogestión mediante la cual los residentes asumen de manera directa la responsabilidad sobre las áreas comunes. Este modelo supera el esquema tradicional de las juntas de condominio, promoviendo en su lugar una participación protagónica, transparente y social de los habitantes.
Funciones clave para la vida en comunidad
El campo de acción de un Comité Multifamiliar de Gestión abarca el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura esencial, incluyendo el cuidado de ascensores, sistemas de bombeo de agua, iluminación de pasillos, fachadas y áreas verdes. Asimismo, los CMG se encargan de la recaudación y administración de los fondos comunales destinados a los gastos operativos, garantizando una rendición de cuentas clara y accesible para todos los residentes.
Además, promueven la elaboración de normas internas que faciliten las relaciones vecinales y actúan como mediadores en la resolución pacífica de conflictos.
Otra de sus labores estratégicas es funcionar como enlace directo entre la comunidad y los entes del Estado, facilitando la canalización de proyectos de mayor envergadura relacionados con servicios públicos o mejoras estructurales.
Integración al Poder Popular y legitimidad democrática
A diferencia de las administradoras privadas, los CMG se articulan de manera directa con los Consejos Comunales y las Comunas del territorio, integrándose plenamente en la estructura del Poder Popular. Su conformación se basa en la elección democrática de vocerías por parte de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas de cada edificio.
Esta legitimidad de origen asegura que todas las decisiones, planes de convivencia y estrategias de resguardo de los espacios compartidos respondan estrictamente al bienestar colectivo y al desarrollo social del urbanismo.
De esta manera, se consolida una red de gestión democrática que empodera a las comunidades, optimiza la atención a sus necesidades estructurales y garantiza que la política habitacional se construya desde la base, con enfoque en el bienestar colectivo.
Prensa MINHVI
