Chacao, estado Miranda.- Los Comités de Tierra Urbana (CTU) se consolidan como organizaciones comunitarias de carácter horizontal, creadas para que el pueblo organizado, en articulación directa con el Estado venezolano, asuma el liderazgo en la regularización de las tierras donde habita.
Su objetivo primordial es garantizar que las familias de los asentamientos populares, tanto urbanos como periurbanos, obtengan seguridad jurídica y la propiedad legítima de sus terrenos, transformando la tenencia de la tierra en un derecho efectivo.
Origen legal y constitución democrática
La base jurídica de los CTU se encuentra en el Decreto Nº 1.666, publicado en la Gaceta Oficial Nº 37.378 el 4 de febrero de 2002.
La fuerza organizativa de sus voceros ha sido clave para impulsar reformas en la ley especial del sector, orientadas a simplificar trámites y eliminar barreras burocráticas.
Su conformación nace desde las bases: un equipo promotor convoca a una asamblea popular, la cual requiere la asistencia de al menos el 50% más uno de los habitantes del sector para quedar formalmente constituida, asegurando así una legitimidad de origen indiscutible.
Atribuciones y tareas fundamentales
Entre las funciones principales de los CTU destacan:
Elaboración de la «Carta del Barrio»: Redacción del documento fundacional que recopila la historia, linderos y realidades socio-urbanas de la comunidad.
Censo y registro: Levantamiento detallado del registro inicial de parcelas, así como el inventario de propietarios y poseedores de viviendas.
Definición de poligonales: Delimitación geográfica precisa de los límites territoriales que abarca el comité.
Promoción de la cogestión: Articulación con los entes estatales para el reordenamiento urbano equitativo y sostenible, fomentando la participación democrática.
Más allá de ser un mecanismo para la obtención de títulos de propiedad, los CTU constituyen una herramienta profunda de transformación social. Permiten que la comunidad deje de ser espectadora para asumir el protagonismo en el reordenamiento de su hábitat, consolidando no solo su derecho a la vivienda digna, sino también su poder de decisión sobre el entorno.
Esta instancia forma parte de las políticas implementadas por el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (MINHVI) para promover un modelo de cogestión territorial donde el acompañamiento institucional se entrelaza con la organización popular a fin de garantizar la regularización efectiva del suelo urbano.
A través de esta sinergia, entre el MINHVI y los CTU se consolida un sistema de gobernanza del hábitat basado en la participación protagónica, donde las decisiones de reordenamiento urbano, mejoramiento de servicios y planificación territorial se construyen de manera conjunta, transparente y alineada con las necesidades reales de los asentamientos populares.
Prensa MINHVI
